Abogado René Escobar es reelegido como procurador general de la República
El abogado René Escobar Álvarez continuará al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), por tres años más, luego de que 57 diputados votaran a favor de que desempeñe el cargo en el periodo 2025-2028.
La gestión de Escobar iniciará el próximo 2 de mayo y finalizará el 1 de mayo de 2028.
El ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución de la República establece que a la Asamblea Legislativa le corresponde elegir por votación nominal y pública a funcionarios de segundo grado, entre ellos el procurador general.
Antes de juramentar a Escobar en el cargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que las elecciones de segundo, desde 2021, se realizan de manera diferente, porque los diputados de todas fracciones tienen la oportunidad de hacer propuestas y debatir.
También, las sesiones de trabajo de la Comisión Política son abiertas a la prensa y se transmiten a través de los medios de comunicación de este órgano de Estado.
Algunas funciones que Escobar deberá realizar es velar por la defensa de la familia y por los intereses de menores y demás incapaces, dar asistencia en casos de violencia contra la mujer, brindar ayuda legal a personas de escasos recursos económicos y representarlos en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales.
Resultados de su primera gestión
Cuando el procurador general buscaba la reelección y fue entrevistado por los parlamentarios de la Comisión Política mencionó que la PGR es una nueva institución que garantiza los derechos de los sectores más vulnerables de la población, como la niñez, adolescencia, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, de origen indígena.
Escobar agregó que, en su primer periodo, el número de atenciones a los usuarios subió de 4,700 a 100,000 al año. sostuvo que el trabajo se ha enfocado en la niñez y adolescencia, incluidas familias que residen en el extranjero.
También, afirmó que hubo una serie de cambios en la institución, entre ellos se suprimieron las jefaturas innecesarias y se optimizaron los recursos.
Además, se impulsaron diferentes proyectos como el Centro de Atención Virtual, el Registro de Atención Alimenticia y el Sistema Integrado de Administración. Para desarrollarlos, expresó el procurador general, no fue necesario pedir un refuerzo presupuestario.
Sobre el trabajo interinstitucional, Escobar aseguró que se fortaleció el tema de cultura de paz haciendo convenios con la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección del Tejido Social y con el Ministerio de Educación.
Trayectoria profesional
René Escobar Álvarez es abogado y notario; durante más de 12 años tuvo una formación en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Además, se desempeñó en la PGR de noviembre de 2005 hasta febrero de 2017. En ese tiempo laboró como auxiliar jurídico en la Unidad de Familia, como defensor público especializado en niñez y adolescencia y de familia.
Se ha desarrollado en el área del Derecho Procesal Civil y Mercantil, de Procedimientos Administrativos, Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y derecho penal.
También fungió como miembro del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia.
Proceso de elección
La convocatoria para presentar las solicitudes como aspirante a procurador general de la República se realizó entre el 10 y el 28 de febrero pasado. Para el cargo se postularon ocho candidatos: cuatro mujeres e igual número de hombres.
Entre los requisitos para ser titular de la PGR están: ser salvadoreño, de estado seglar, mayor de 35 años, así como ser abogado de la República, de moralidad y competencia notoria.
También debe haber servido en una judicatura de primera instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer como abogado al menos ocho años antes de su elección. Además, es necesario estar en el goce de los derechos del ciudadano y haberlo estado durante los seis años anteriores al desempeño del cargo.
